MANIFIESTO-DENUNCIA EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD

MANIFESTAMOS:

• Que la protección de la salud es un derecho fundamental  de las personas y un deber prioritario de los poderes públicos. Por esta razón, España, en un largo proceso histórico, ha ido creando un sistema sanitario de alta calidad técnica, carácter público y cobertura universal.
  
• Que este sistema sanitario presta una atención eficiente y satisfactoria a todo el pueblo español y a cuantos disfrutan de su hospitalidad, siendo una de las instituciones más valoradas por los propios españoles y lcanzando un alto grado de  reconocimiento internacional (4º lugar de los 19 países europeos según la OCDE).
  
• Que los sistemas sanitarios de base pública son los únicos que garantizan un acceso universal y equitativo a los cuidados de salud.
  
• Que en ningún lugar del mundo los sistemas sanitarios basados en organizaciones lucrativas han garantizado de forma eficiente los cuidados de salud a toda la población.
  
• Que las organizaciones lucrativas por sí solas no son capaces  de desarrollar las tareas de planificación, prevención, educación e investigación necesarias para sostener la eficiencia  del sistema a largo plazo.
  
• Que la mayor eficiencia que estas organizaciones logran  en determinados procesos  o para determinados pacientes se pueden conseguir también en los Centros  públicos con mejoras en la gestión.

POR TODO ELLO DENUNCIAMOS:

• Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está iniciando un ambicioso proyecto privatizador, que implica el debilitamiento de los Centros de titularidad pública a favor de organizaciones lucrativas y la posibilidad de diluir las responsabilidades asistenciales a través de subcontratas.
  
• Que el beneficio asistencial esperado con la apertura de los nuevos hospitales puede verse neutralizado si se reduce la operatividad de los hospitales ya existentes y que siguen siendo de referencia  regional y/o nacional.
  
• Que las experiencias privatizadoras realizadas hasta la fecha en nuestro país no han resultado uniformemente satisfactorias.
  
• Que el ánimo de lucro y la subcontratación desvirtúan la naturaleza de los servicios sanitarios.
  
• Que la externalización de servicios puede comprometer la calidad asistencial, docente e investigadora.
  
• Que la diversificación de compañías gestoras de la asistencia hace el sistema más complejo para el  usuario, aumenta los riesgos de conflicto,  dificulta la supervisión y diluye las responsabilidades a la hora de garantizar la calidad asistencial.
  
• Que mantener la gestión privada durante treinta años crea una situación de precariedad estratégica para la sanidad pública, que se vería acentuada si estos centros privados se convierten además en cabeceras de Area Sanitaria.
  
• Que pone en peligro un sistema solvente, construido con mucho esfuerzo y que es patrimonio de todo el pueblo.
  
• Que todo esto es contrario a la conciencia social y al interés general.
  
• Que el respeto a la dignidad de las personas exige que una reforma de esta magnitud se aborde con cautela, diálogo y transparencia.

EN CONSECUENCIA

PEDIMOS DE FORMA APREMIANTE EL APOYO DE TODOS LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES Y EN CONCRETO EL AMPARO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO Y DEL DERECHO A LA SALUD.